1) El actual proyecto, enviado por el Gobierno, nace de las movilizaciones que, desde el 2006 han agitado las comunidades educativas, en particular, en los años 2010 en la Universidad de Concepción y el 2011 en el resto de las universidades públicas y privadas de Chile. Ante esas opiniones masivas que exigían el fin al lucro, educación superior pública, gratuita y de calidad, no le quedaba otra solución al Gobierno de turno que responder enviando al Parlamento una reforma que se hiciera cargo de esas sentidas demandas. Sin embargo, ha sido con sorpresa y amargura que hemos constatado que el actual proyecto, lejos de responder a esas multitudinarias expectativas, ha mantenido los mismos lineamientos ya repudiados y que refuerzan la privatización del sistema y debilitan a las universidades estatales.
2) Los problemas encontrados en este proyecto dicen relación con tres grandes temáticas, que, luego de un mensaje abiertamente coincidente con las demandas de los movimientos sociales, presentan un articulado contradictorio y que refuerza la privatización del sistema universitario estatal, debilitando elementos claves del sistema como son la autonomía, el financiamiento y las carreras funcionarias y la seguridad laboral de las comunidades.
2.1 ) Respecto de la autonomía, el proyecto logra establecer algo que ni siquiera la dictadura de Pinochet había conseguido: la destrucción de la autonomía histórica de los planteles universitarios estatales, sobreponiendo un Consejo de Administración o “Board” que, nombrado desde el gobierno de turno, puede tomar todo tipo de decisiones que anulan la democracia interna de las instituciones. En efecto, dicho Consejo está conformado en su mayoría por integrantes externos a las comunidades universitarias y podría, eventualmente, hasta remover de su cargo al Rector, la máxima autoridad universitaria, democráticamente elegida. Los órganos colegiados, como el Senado Universitario y el Consejo Universitario de nuestra Universidad, democráticamente elegidos, pasan a ser meras instancias consultoras, sin prácticamente ningún poder resolutivo o ejecutivo.
2.2 ) El financiamiento del Estado, hoy largamente precario e insuficiente y que ha obligado a las universidades estatales a someterse a formas de autofinanciamiento, mantiene esa línea y el Gobierno sancionaría el abandono definitivo de parte del Estado de sus universidades, consagrando un aporte, para la totalidad de los planteles, totalmente inferior a sus necesidades y que ni siquiera cubriría los requerimientos de uno de ellos. Se elimina el aporte fiscal directo y en su lugar se establecen hipotéticos fondos concursables financiados por la Banca Mundial, mediante convenios de desempeño a plazo fijo y que estarían sometidos a los lineamientos y prioridades de dicha institución transnacional. Además de constituir, junto a lo especificado en el punto anterior, un ulterior atentado a la autonomía financiera de las instituciones, este punto provocaría además precariedad laboral, incertidumbre y daños en las comunidades universitarias, dañando todo proyecto de mediano o largo plazo.
2.3 ) Sin querer entrar en el mérito de un vasto articulado, a estos puntos críticos del proyecto debemos añadir las amenazas a la estabilidad funcionaria de académicos y personal de colaboración. El Estatuto Administrativo que regula las relaciones entre los funcionarios públicos y el Estado y que, pese a sus limitaciones, constituye una cierta garantía para los empleados públicos, pasaría a tener un rol suplementario a las disposiciones que cada institución emanaría desde los ya citados Consejos de Administración. Esto realmente convierte a los funcionarios y académicos de las universidades estatales en estamentos totalmente desprotegidos, pues al no ser tutelados por el Estatuto Administrativo, tampoco lo serían por el Código Laboral o los tribunales del Trabajo, quedando a merced de las decisiones de dicho Consejo Administrativo extra universitario.
3) En esta situación vemos que este proyecto de ley sigue considerando la Educación como un servicio y como elemento mercantil, contradiciendo el mismo Mensaje que el proyecto contiene. En ese marco se consolida la política de abandono de los patrimonios culturales y científicos de nuestra patria, en particular modo, aquellos ligados a las humanidades y las artes, los que, para ser legítimos y pertinentes no pueden sujetarse a los vaivenes de mercados financieros en manos de minorías, de rentistas especuladores y de consorcios transnacionales de inversión. Un nuevo atentado entonces a nuestra identidad simbólica y nacional, enmascarado en un proyecto que debiera restituir el papel histórico de las Universidades estatales en el desarrollo del país y que, contradictoriamente, sanciona el abandono, ya casi definitivo, del Estado con sus instituciones de Educación Superior.
4) Llamamos entonces a las comunidades universitarias, a las instituciones educacionales, a los científicos y artistas de Chile, a todos los ciudadanos, a manifestarse en contra de este proyecto que destruiría las bases de una Educación Pública Universitaria, libre, democrática, participativa y al servicio del desarrollo integral de los seres humanos.
Santiago, julio de 2017
