Este martes 31 de julio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, recibió de parte del Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, la académica de la Facultad de Derecho Myrna Villegas y el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, una propuesta para modificar el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios N°518, que busca asegurar el cumplimiento de los derechos penitenciarios de los pueblos indígenas. El documento es fruto de un trabajo conjunto entre la Universidad, el Colegio Médico y la red de apoyo del Machi Celestino Córdova, y contiene modificaciones a la legislación vigente desprendidas de su petitorio, cuyo objetivo principal es la reconstrucción social del pueblo Mapuche.
Al finalizar la reunión, el ministro Larraín destacó que la propuesta puede "constituir una base de trabajo que, con otros antecedentes y elementos de juicio que se puedan recoger de la propia institución, de gendarmería y desde otras partes que puedan querer colaborar en este proceso, podamos llegar a una modificación en este aspecto de más largo alcance".
Además, reiteró el compromiso del Ministerio de Justicia para hacer las modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de estos derechos. "Es importante poder enfrentar cómo incorporar dentro de las normas que regulan los establecimientos penitenciarios del país situaciones que afectan a personas que sean de pueblos indígenas o ancestrales, cuyas características probablemente no han estado correctamente recogidas en las reglas vigentes. Nosotros entendemos y participamos de ese criterio. Estamos incluyendo en la modificación del reglamento penitenciario algunas medidas en esa dirección y abrimos un proceso de trabajo para poder hacer modificaciones más profundas, que en su minuto deberá ir acompaña de la consulta a los pueblos indígenas en conformidad al convenio 169", afirmó el ministro.
El Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, agradeció al ministro Larraín por la instancia y planteó continuar el trabajo conjunto para la solución de conflictos y llegar a la integración de los pueblos indígenas de Chile. "La propuesta del equipo liderado por la académica Myrna Villegas tiene que ver con el reglamento penitenciario y busca garantizar el derecho de los pueblos indígenas en términos de sus motivaciones en el ámbito de la terapéutica, de la salud, así como de la espiritualidad. En ese contexto se hacen aportes para cumplir con nuestro compromiso con tratados internacionales vigentes", destacó.
La académica de la Facultad de Derecho, Myrna Villegas, explicó que "al abarcar un tema indígena, este documento tiene que ser consultado a los pueblos originarios, sin embargo, creo que eso no impide que desde ya el propio Estado pueda comenzar una interpretación de toda su normativa penitenciaria en orden a respetar estos mismos derechos".
El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, agradeció a las instituciones que permitieron que se pudiera concretar la visita del machi Celestino Córdoba a su rehue y con eso pudiera "tener acceso a la salud dada su cosmovisión", lo que –agrega- "testimonia el respeto que debe tener nuestro país con la cultura y cosmovisión diferentes que tienen los pueblos originarios. Este es el primer paso, a través de modificaciones a estos reglamentos que efectivamente permitan que tengamos un trato igualitario en términos de equidad. En las próximas semanas creo que podremos seguir avanzando en la concreción de medidas que permitan que los pueblos originarios tengan igualdad de acceso a la salud y a otros derechos que todos los demás chilenos tenemos".
La propuesta entregada al ministro de Justicia
La propuesta elaborada por el Centro de DD.HH., el Centro de Estudios de la Justicia y el Centro de Interculturalidad y Derecho, pertenecientes a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pretende considerar de manera transversal el respeto a los pueblos originarios, al derecho consuetudinario, sus costumbres e identidad cultural, además de sus respectivas cosmovisiones, en los recintos penitenciarios, en los permisos de salida y en la aplicación de sanciones.
Desde 2009, tras su aprobación en el Congreso Nacional, Chile suscribió al Convenio 169 de la OIT, que establece el reconocimiento y protección de los "valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los pueblos y respetarse la integridad de sus valores, prácticas e instituciones". Entre otros aspectos, indica que "deberán tomarse en cuenta sus costumbres o normas internas", y que deben tener "derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias".
En materia penal explicita que "las autoridades y los tribunales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos para tratar los casos penales" y llama a dar preferencia "a tipos de sanción distintos del encarcelamiento".
Actualmente la legislación penitenciaria chilena se basa en reglamentos, lo que para el Derecho Internacional representa una infracción en el principio de legalidad, ya que las limitaciones de derechos de las personas presas son decididas finalmente por autoridades administrativas y no por el Parlamento. Además, no da espacio a las necesidades especiales de grupos minoritarios al interior de las prisiones, como son, por ejemplo, las y los internos pertenecientes a comunidades indígenas.